Transportadores intermunicipales, al borde de la quiebra, movilizan sus vehículos por todo el país solicitando ayuda al Gobierno Nacional
Parálisis del 97% de las operaciones durante 2 meses deja más de 700.000 familias afectadas; 125.000 empleos directos y 600.000 indirectos, en riesgo; pérdidas diarias por más de $7.000 millones para las empresas; 76.000 conductores sin trabajo; 50.000 pequeños propietarios a punto de perder su vehículo; protocolos de bioseguridad y distanciamiento, listos para la reactivación del sector, pero el Gobierno no da luz verde.
Bogotá, 27 de mayo de 2020 -. Miles de flotas con trapos rojos, símbolo de la crisis social producto del Covid-19, rodaron de manera pacífica por las principales ciudades del país, bajo el lema #MovilízatePorColombia, para alertar al Gobierno Nacional acerca de la grave situación económica que padecen más de 700.000 familias que viven del transporte intermunicipal de pasajeros por carretera: sector que desde hace 2 meses tiene paralizada el 97 por ciento de su operación, por cuenta de la pandemia.
Las pérdidas de las 536 empresas que conforman este sector ascienden a más de $7.000 millones diarios: muchas de ellas, a pesar de mantener sus nóminas durante el primer mes y medio de inactividad, hace algunos días tuvieron que suspender los contratos del 70 por ciento de sus empleados, por no tener cómo pagarles salarios y honorarios.
El drama de este importante sector del transporte, que cada año moviliza cerca de 550 millones de pasajeros en todo el país -en comparación con los 40 millones que mueve el transporte aéreo-, se resume en la crisis social que hoy viven los más de 125.000 empleados directos -cuatro veces más que las aerolíneas- y 600.000 indirectos.
Hay cerca de 70.000 conductores que hoy no tienen cómo llevar comida a sus hogares, debido a la parálisis del sector; también están afectados miles de pintores, vigilantes, latoneros, mecánicos, llanteros, restaurantes, personal de las 41 terminales de transporte y de oficinas municipales de despacho, entre otros; hay 50.000 pequeños propietarios de algunos de los 41.000 vehículos que prestan el servicio, que invirtieron su capital familiar para comprar un bus a crédito, y hoy están a punto de perderlo por falta de ingresos.
Por otro lado, los transportadores advierten que resulta injustificada la estigmatización por parte de algunos alcaldes y gobernadores que ven con desconfianza la reactivación del transporte intermunicipal, al considerarlo un riesgo potencial de propagación del Covid-19, ya que debe movilizar usuarios provenientes de ciudades con alto número de contagios.
En consecuencia, con miras a reactivar el sector, las empresas ya tienen listos estrictos protocolos de bioseguridad (control de temperatura y desinfección) y distanciamiento físico en los vehículos (sillas intercaladas), con el fin de ofrecerles a los usuarios un viaje seguro, reduciendo al mínimo la posibilidad de contagio, a pesar de la negativa del Gobierno Nacional de permitirles comenzar a prestar el servicio a partir de junio.
Sin embargo, para garantizar el distanciamiento de los usuarios, los transportadores deben despachar los vehículos con menos pasajeros (50%), lo que seguirá agravando la crisis económica, ya que esta práctica hace inviable la operación financiera de las empresas, afectando también el bolsillo de los usuarios con alzas de más del 100 por ciento en los tiquetes, a menos que el Estado subsidie una parte de la tarifa.
El Gobierno Nacional aprobó la devolución del 85 por ciento de los dineros ahorrado por los propietarios de los vehículos en los Fondos de Reposición Vehicular, dinero que en algo alivia la crisis de los pequeños propietarios.
Pero la apremiante situación económica obliga a los transportadores a proponerle al Gobierno que evalúe la implementación de las siguientes solicitudes, con el fin de no agudizar la crisis de las empresas, que tardarían mínimo 2 años en recuperarse:
- Reactivar a partir del primero de junio el servicio de transporte intermunicipal en las rutas de corta, mediana y larga distancia, con todos los protocolos sanitarios exigidos
- Implementar una línea de crédito exclusiva con Bancoldex
- Apoyo para que la banca privada otorgue un periodo de gracia a los créditos de las empresas
- Reducción en el precio del combustible
- Reducción en el cobro de peajes
- Ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal para los trabajadores a quienes las empresas tuvieron que suspender los contratos por falta de ingresos
- Controles efectivos al transporte ilegal